El Pleno del Congreso de la República aprobó con 81 votos a
favor, 17 en contra y 2 abstenciones, el martes 23 de julio, la reforma
política que propone que los condenados en primera instancia no puedan postular
a cargos de elección popular.
A las 6:54 de la tarde de dicha jornada, la representación
parlamentaria aprobó, luego de varias horas de debate, el dictamen de la
Comisión de Constitución, después de que, más temprano, la votación de esta
iniciativa fue pospuesta por no haber alcanzado el mínimo de 100 parlamentarios
en el hemiciclo para la votación.
El texto sustitutorio de los proyectos de ley 122 y 4190
aprobado incorpora el artículo 34-A a la Constitución y y modifica el artículo
39, con lo cual se establece que las personas condenadas, además de no poder
postular a cargos de elección popular, tampoco podrán acceder a la
administración pública en cargos de confianza.
El dictamen de la Comisión de Constitución, en un inicio,
fue debatido y puesto a votación en la sesión del Pleno del pasado 11 de julio;
sin embargo, el presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, suspendió la
votación porque solo había 89 parlamentarios.
De acuerdo al Reglamento del Congreso, las reformas
constitucionales solo son aprobadas con 87 votos a favor, en un quórum que pase
los 100 parlamentarios. Además, al repercutir los efectos de estos dictámenes
en la Constitución, obligatoriamente debe ser votado de nuevo en una segunda
legislatura.
En la jornada del 11 de julio, cabe resaltar, el fujimorismo
criticó la reforma alegando que se atentaba contra la presunción de inocencia
de los candidatos, argumento que este martes el congresista de Fuerza Popular,
Mario Mantilla, reafirmó, pues sostuvo que la medida no contempla que la
restricción se imponga a los sentenciados con condena firme.
Con la aprobación de este proyecto, la reforma política
impulsada por el Ejecutivo suma ya cuatro iniciativas aprobadas en el Pleno del
Congreso.
Estos proyectos son los que abordan el tema de la
inscripción de los partidos y organizaciones políticas y el de democracia
interna dentro de estos. Además, la iniciativa que se aboca a la modificación
del Código Penal para tipificar el financiamiento ilícito en partidos políticos
como un delito punible y ya no como una falta administrativa.
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