La Asociación Nacional de Periodistas del Perú, organización
gremial representativa de los trabajadores de prensa, que cuenta con 107
asociaciones provinciales de periodistas a lo largo y ancho del territorio
nacional, expresa su preocupación y
protesta ante la irregular administración de justicia, protagonizada por la
magistrada Erika Bolaños Morillo, quien ejerce de manera temporal el cargo de jueza del Juzgado Penal 15 de
Lima y que, sin que haya verificación de la notificación judicial a los
demandados, ha dispuesto mandato de comparecencia y embargo preventivo de los
bienes de los periodistas Edmundo Cruz Vílchez, del diario La República y Oscar
Castilla, del medio digital “Ojo Público”.
El hecho que a todas luces constituye un grave atentado
contra la libertad de prensa, precisamente, en instantes en que la ciudadanía
demanda transparencia e institucionalidad democrática, se agrava en tanto se
amenaza con detener a los dos periodistas y con ello, dejar entre las sombras,
la serie de investigaciones que forman parte en detalle de las pesquisas del
Ministerio Público, la Policía Nacional y la DEA, a Miguel Arévalo Ramírez y
cuyo caso conocido como “Eteco”.
Las investigaciones que han servido de base para el trabajo
periodístico tienen relación con la segunda vuelta de la campaña electoral del
2016. “Ojo Público” dio a conocer los vínculos de Miguel Arévalo Ramírez con
Joaquín Ramírez, financista y entonces secretario general de la agrupación
política fujimorista que dirigía Keiko Sofía Fujimori. A raíz de ello, “Eteco”
ha interpuesto diez denuncias por más de quinientos millones de dólares.
Debe recordarse que el citado Arévalo Ramírez ha presentado
demandas contra la Procuradora Antidrogas, Sonia Medina Calvo, la periodista
Cecilia Valenzuela y cinco medios de comunicación.
Los periodistas afectados han solicitado una reprogramación
de la manifestación judicial en razón que ninguno de ellos ha sido notificado.
La ANP espera que impere decisiones que no contradigan el Estado de Derecho,
evitando la repetición de hechos irregulares.
Lima, 22 de abril de 2019
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
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