Para la ANP, una vez más, se ataca al mensajero olvidando
que en nuestro país el derecho constitucional a la reserva de las fuentes es
sostén del ejercicio periodístico.
Llama la atención esta diligencia que no constituye en sí un
acto de torpeza sino un grave atentado a la libertad de prensa. Resulta cuando
menos extraño que con sorprendente celeridad el Ministerio Público -cuyo deber
es defender la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos-
lleve adelante la incautación de material periodístico a sabiendas de lo que lo
que el marco legal prescribe sobre ello, siendo delito toda acción que impide
circular libremente un órgano de expresión.
La ANP expresa su solidaridad y respaldo al equipo
periodístico que dirige Gustavo Gorriti y que tiene como objetivo fundamental
revelar todos aquellos asuntos de interés público que de alguna manera puedan
afectar la salud moral del país.
El gremio, a nivel nacional, se mantiene vigilante ante esta
nueva arremetida contra el periodismo de investigación, embestida impropia de
un régimen democrático y que recuerda los peores momentos de la autocracia.
Claro está, para la ANP, que cuando se ataca a medios y
periodistas, lo que se pretende es afectar garantías democráticas, más en un
país donde los medios se convierten en el principal instrumento de denuncia de
la corrupción.
Lima, 10 de julio del 2018
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
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