La Asociación Nacional de Periodistas del Perú expresa su
preocupación y enérgico rechazo al proyecto de ley que pretende regular el
gasto de publicidad del Estado Peruano en los medios de comunicación privados.
Quienes lo han aprobado en la Comisión Permanente del Congreso de la República
no han reparado en el grave daño social que ocasionará en la clase trabajadora,
integrada por periodistas, técnicos y especialistas, así como en distribuidores
y personal subsidiario, ante el cierre, especialmente, de aquellos medios de
comunicación impresos y otros que se financian por medio de la venta de
publicidad.
Llama seriamente la atención que el citado proyecto resulte
siendo en esencia inconstitucional por cuanto lesiona el artículo 22 de la
Carta Política del Estado que a la letra señala que “el trabajo es un deber y
un derecho y es base del bienestar social y un medio de realización de la
persona”. Pero, además, resulta lamentable desde todo punto de vista que esta
iniciativa parlamentaria no haya considerado tampoco que ante el daño
económico-financiero que ocasionaría a los medios de comunicación privados,
también resulta contraproducente “al derecho universal y progresivo de los
trabajadores a la seguridad social, que consiste en un conjunto de medidas de
amparo y atención de las necesidades personales en materia de salud, vivienda,
previsión de accidentes, pensiones por incapacidad para el trabajo, viudez,
orfandad, etc”, tal cual han interpretado destacados constitucionalistas del
país respecto al artículo 10 de la Carta Magna.
La ANP lamenta que un tema, de otro lado, de profundo
impacto contra la libertad de expresión y la supervivencia de los medios,
prioritariamente de los que circulan en las provincias del interior del país,
no haya sido objeto de un estudio serio y responsable, sobre todo en las
circunstancias actuales cuando la falta de empleo y la informalidad en el mismo
va creando serios bolsones de pobreza y miseria.
La ANP, como organización gremial representativa de los
trabajadores de prensa, exige del Poder Ejecutivo no solamente la observación
pertinente ya anunciada, sino que, del mismo modo, y con la inmediatez del caso
convoque a todas las organizaciones que representan a los trabajadores de los
medios, propietarios autogestionarios, pequeña y media empresa y otros medios
de comunicación masiva para que expresen sus puntos de vista y consensúen una
norma legal que haga posible la promoción y el desarrollo de los medios de
comunicación en una sociedad que pretende alcanzar una vida en verdadera
democracia.
Lima, 2 de marzo del 2018
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
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