Por votación unánime, la sesión del día 10 de diciembre del Pleno del
Congreso de la República, aprobó la Ley que reconoce a la Asamblea
Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) como órgano
representativo de los gobiernos regionales del Perú.
Esta Ley, permitirá fortalecer la institucionalidad de la ANGR, creando mejores condiciones para un trabajo conjunto y concertado entre todos los gobiernos regionales, una relación institucional más adecuada con el Gobierno Nacional y sus diversos ministerios, y los Gobiernos Locales; pero también con todos los poderes del Estado, las empresas privadas, los medios de comunicación y demás entidades de la sociedad civil.
Por ello, afirmamos que fortaleciendo la institucionalidad de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, se defenderá el sistema democrático del país, y el proceso de descentralización y regionalización, tan necesarios para el progreso de toda la población y nuestro querido Perú. Esa es la trascendencia de esta norma.
Expresamos nuestro reconocimiento a todas las bancadas partidarias, a la Junta Directiva del Congreso de la República y los integrantes de la Comisión de Descentralización, que luego de un diálogo fructífero con los miembros de nuestro Consejo Directivo y los gobernadores regionales, han hecho posible que se apruebe esta Ley por unanimidad, es decir con un consenso total. Esto muestra una vez más, que el camino para avanzar la reforma descentralista, como cuando se logró la Reforma Constitucional para iniciarla en el 2001, requiere de la construcción de nuevos consensos nacionales y regionales, tarea en la que estamos empeñados todos los Gobernadores Regionales.
Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando por fortalecer la descentralización y regionalización, a través de la formación y fortalecimiento de las mancomunidades regionales y otros procesos de integración en curso; el trabajo concertado con todos los niveles de gobierno, las empresas privadas y todos los poderes y actores del desarrollo local, regional y nacional, y con el ejercicio de gestiones de gobierno transparentes, eficientes y participativas. Todo ello, con la finalidad de servir a la población y lograr el progreso y vida digna de todos los peruanos.
Esta Ley, permitirá fortalecer la institucionalidad de la ANGR, creando mejores condiciones para un trabajo conjunto y concertado entre todos los gobiernos regionales, una relación institucional más adecuada con el Gobierno Nacional y sus diversos ministerios, y los Gobiernos Locales; pero también con todos los poderes del Estado, las empresas privadas, los medios de comunicación y demás entidades de la sociedad civil.
Por ello, afirmamos que fortaleciendo la institucionalidad de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, se defenderá el sistema democrático del país, y el proceso de descentralización y regionalización, tan necesarios para el progreso de toda la población y nuestro querido Perú. Esa es la trascendencia de esta norma.
Expresamos nuestro reconocimiento a todas las bancadas partidarias, a la Junta Directiva del Congreso de la República y los integrantes de la Comisión de Descentralización, que luego de un diálogo fructífero con los miembros de nuestro Consejo Directivo y los gobernadores regionales, han hecho posible que se apruebe esta Ley por unanimidad, es decir con un consenso total. Esto muestra una vez más, que el camino para avanzar la reforma descentralista, como cuando se logró la Reforma Constitucional para iniciarla en el 2001, requiere de la construcción de nuevos consensos nacionales y regionales, tarea en la que estamos empeñados todos los Gobernadores Regionales.
Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando por fortalecer la descentralización y regionalización, a través de la formación y fortalecimiento de las mancomunidades regionales y otros procesos de integración en curso; el trabajo concertado con todos los niveles de gobierno, las empresas privadas y todos los poderes y actores del desarrollo local, regional y nacional, y con el ejercicio de gestiones de gobierno transparentes, eficientes y participativas. Todo ello, con la finalidad de servir a la población y lograr el progreso y vida digna de todos los peruanos.
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