Lay: inconducta de Vacchelli afecta imagen del Congreso

El titular de la Comisión de Ética, Humberto Lay, dijo hoy que la denuncia contra el congresista fujimorista, Gian Carlo Vacchelli, por un préstamo impago a dos empresarios, es una inconducta que afecta la imagen del Parlamento.
"Es también una inconducta, no tengo los detalles, pero los préstamos los solicitó siendo congresista y, por lo tanto, pedir un préstamo y no honrar la deuda afecta la imagen del Congreso", expresó en declaraciones a la prensa.

De acuerdo con los empresarios Ricardo Yzaguirre y César Montoya, hace dos años le prestaron dinero a Vachelli, pero a la fecha este solo les devolvió 1,000 dólares, por lo cual lo denunciaron por estafa.

En su defensa, el parlamentario negó haber incurrido en alguna estafa y argumentó que dejó de pagar a Montoya porque le cobraba altos intereses, y aseguró que con  Yzaguirre sí está cumpliendo.

Lay Sun comentó  también que la denuncia periodística contra el legislador fujimorista Víctor Grandez, acusado de presuntamente cobrar cupos a empleados de su despacho, será vista por la Comisión de Ética.

Según explicó, el caso no fue abordado antes debido a que la comisión quedó inactiva, pero con la reactivación de su trabajo "seguramente vamos a verlo".

Para el parlamentario, las inconductas en que incurren algunos congresistas contribuyen a la caída de la imagen del Legislativo, al punto que la ciudadanía la considera la institución más corrupta pese a no manejar dinero.

"Toda falta que daña la imagen del Congreso es muy grave. Según la Constitución, el congresista, jerárquicamente, está debajo del Presidente y es un honor grande, por lo tanto la respuesta debe ser una conducta intachable", añadió.

El titular de Ética mencionó, además, que la suspensión de 120 días a la congresista Cenaida Uribe no ha sido excesiva, y confirmó que el próximo lunes se analizará el informe técnico que recomienda sancionar por 120 días al fujimorista Julio Gagó.

El caso de este último tiene que ver con la venta al Estado, a través de una empresa controlada por personas presuntamente vinculados a él, algo prohibido en su condición de legislador.