Treinta y cinco periodistas han sido asesinados en América Latina durante el 2010, lo que la convierte en la región más peligrosa para el ejercicio periodístico. México (14), Honduras (9) y Colombia (7), son los países con mayor tasa de crímenes y más altos grados de impunidad.
Para la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) estos han sido 12 meses de ejercicio periodístico en un entorno de agresiones y persecusión, precarización de condiciones laborales, despidos masivos y cierre de medios de comunicación.
Para la FEPALC es especialmente preocupante la situación en México que es azotado por una guerra entre cárteles del narcotráfico con al menos 20 mil civiles muertos, 67 reporteros victimados desde el año 2000, tres periodistas desaparecidos durante el año y la ausencia de mecanismos eficaces para proteger a la prensa.
Entre tanto, en Honduras, los homicidios ocurrieron durante el gobierno de Porfirio Lobo, quien asumió el poder el 27 de enero del 2010, tras meses de violencia desatados luego del golpe de Estado que derrocó al presidente constitucional, Manuel Zelaya.
Siguen en la lista a los anteriores Ecuador y Brasil con dos casos de asesinatos respectivamente y Guatemala con uno. La tendencia a desligitimizar la causa de los asesinatos rige como factor común en los crímenes. El argumento frecuentemente utilizado por la oficialidad para desvirtuarlos es pretender establecer como móvil de los mismos la “delincuencia ciudadana” –robo- o razones de índole “pasional”.
Por otra parte, fueron documentadas de enero a septiembre 113 agresiones en Venezuela contra la prensa y en Colombia se registraron nuevas evidencias de la persecución y seguimiento sistemático e ilegal a periodistas y medios de comunicación por parte de la policía secreta en Colombia, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que reporta directamente a la Presidencia de la República.
La desregularización laboral fue sentida particularmente en Colombia, Perú, República Dominicana, Chile y Venezuela. En Colombia, las violaciones a los derechos de los trabajadores han convertido a la mayoría de periodistas en vendedores de publicidad y en frecuente objeto del chantaje gubernamental con la pauta, siendo así un nuevo mecanismo de silenciamiento. En Perú, centenares de periodistas han perdido sus empleos, argumentando reducción en las planillas de personal, cambios tecnológicos, racionalización de los gastos de producción o simplemente por déficits financieros. Los más afectados por las políticas antilaborales son aquellos periodistas con antigüedad y que perciben mayores salarios. En República Dominicana a la fecha se han cerrado al menos ocho medios de comunicación durante el periodo electoral. Chile, enfrenta el cierre del diario La Nación que afectaría a 600 familias de trabajadores que serían despedidos por la determinación política del gobierno de Sebastián Piñera, que es dueño del 69% de las acciones del medio. Dicha acción, a la fecha ha sido congelada gracias a un fallo judicial que impide el cierre del cotidiano.
Con igual ímpetu que ante los asesinatos y la desregulación laboral, la FEPALC denuncia la alta concentración de medios como una de las principales agresiones contra la libertad de expresión y la libertad de prensa, a través de campañas y la participación en la definición de marcos regulatorios nacionales e internacionales por la democratización de la comunicación en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Los conglomerados de medios en pocas manos constituye una amenaza contundente para la democracia duramente conquistada en los últimos años, socava la diversidad, el pluralismo, la calidad informativa y la identidad cultural de nuestros pueblos.
Para la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) estos han sido 12 meses de ejercicio periodístico en un entorno de agresiones y persecusión, precarización de condiciones laborales, despidos masivos y cierre de medios de comunicación.
Para la FEPALC es especialmente preocupante la situación en México que es azotado por una guerra entre cárteles del narcotráfico con al menos 20 mil civiles muertos, 67 reporteros victimados desde el año 2000, tres periodistas desaparecidos durante el año y la ausencia de mecanismos eficaces para proteger a la prensa.
Entre tanto, en Honduras, los homicidios ocurrieron durante el gobierno de Porfirio Lobo, quien asumió el poder el 27 de enero del 2010, tras meses de violencia desatados luego del golpe de Estado que derrocó al presidente constitucional, Manuel Zelaya.
Siguen en la lista a los anteriores Ecuador y Brasil con dos casos de asesinatos respectivamente y Guatemala con uno. La tendencia a desligitimizar la causa de los asesinatos rige como factor común en los crímenes. El argumento frecuentemente utilizado por la oficialidad para desvirtuarlos es pretender establecer como móvil de los mismos la “delincuencia ciudadana” –robo- o razones de índole “pasional”.
Por otra parte, fueron documentadas de enero a septiembre 113 agresiones en Venezuela contra la prensa y en Colombia se registraron nuevas evidencias de la persecución y seguimiento sistemático e ilegal a periodistas y medios de comunicación por parte de la policía secreta en Colombia, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que reporta directamente a la Presidencia de la República.
La desregularización laboral fue sentida particularmente en Colombia, Perú, República Dominicana, Chile y Venezuela. En Colombia, las violaciones a los derechos de los trabajadores han convertido a la mayoría de periodistas en vendedores de publicidad y en frecuente objeto del chantaje gubernamental con la pauta, siendo así un nuevo mecanismo de silenciamiento. En Perú, centenares de periodistas han perdido sus empleos, argumentando reducción en las planillas de personal, cambios tecnológicos, racionalización de los gastos de producción o simplemente por déficits financieros. Los más afectados por las políticas antilaborales son aquellos periodistas con antigüedad y que perciben mayores salarios. En República Dominicana a la fecha se han cerrado al menos ocho medios de comunicación durante el periodo electoral. Chile, enfrenta el cierre del diario La Nación que afectaría a 600 familias de trabajadores que serían despedidos por la determinación política del gobierno de Sebastián Piñera, que es dueño del 69% de las acciones del medio. Dicha acción, a la fecha ha sido congelada gracias a un fallo judicial que impide el cierre del cotidiano.
Con igual ímpetu que ante los asesinatos y la desregulación laboral, la FEPALC denuncia la alta concentración de medios como una de las principales agresiones contra la libertad de expresión y la libertad de prensa, a través de campañas y la participación en la definición de marcos regulatorios nacionales e internacionales por la democratización de la comunicación en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Los conglomerados de medios en pocas manos constituye una amenaza contundente para la democracia duramente conquistada en los últimos años, socava la diversidad, el pluralismo, la calidad informativa y la identidad cultural de nuestros pueblos.
28 de diciembre 2010
Celso Schroder
Presidente FEPALC
Zuliana Lainez
Secretaria Derechos Humanos FEPALC
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