La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) demanda la inmediata libertad del periodista peruano Paul Segundo Garay Ramírez, recluido en un centro penitenciario desde hace dos meses, por considerar que ha sido sentenciado a pena efectiva de prisión sin ponderarse debidamente las pruebas presentadas en su contra en la querella que por difamación le inició el titular del Ministerio Público del departamento de Ucayali.
El hecho que un periodista esté en prisión por una querella por difamación nos reclama la atención a un tema mayor, que es la inmediata necesidad de adecuar el ordenamiento legal peruano a lo que dicta la doctrina mundial que prescribe al ámbito civil todo proceso emprendido por presunta difamación. Para la FEPALC, lo importante es resarcir el derecho al honor lesionado y no centrarse en el castigo al periodista.
Continuar penalizando el delito contra el honor significa perseguir criminalmente a las personas y periodistas por razón de sus expresiones y opiniones, lo que resulta absurdo en una sociedad moderna, donde la libertad de expresión y opinión debe imperar en un Estado democrático y de Derecho.
Para la FEPALC la sentencia contra el periodista Garay Ramírez es desproporcionada, desmedida e inhibitoria, más cuando se trata de un proceso en el que se encuentra incurso un funcionario público, expuesto al escrutinio y la crítica ciudadana. Blindar a quienes ejercen función pública constituye un atentado al principio de igualdad de todos ante la ley e impone una cultura del silencio desfavorable al ejercicio periodístico y atentatorio contra el derecho ciudadano a saber. La propia Organización de Estados Americanos (OEA) precisa que las libertades de información y opinión son los principales mecanismos que tiene la sociedad para ejercer un control democrático sobre las personas que tienen a su cargo asuntos de interés público.
En razón a ello, la FEPALC acompaña en todas sus acciones a su afiliada, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, que ha iniciado una campaña gremial para lograr la libertad de Paul Garay Ramírez y hace un llamado público al titular del Poder Judicial peruano, Dr. César San Martín Castro, para que invoque una correcta administración de justicia donde no se criminalice la crítica y se respete el debido proceso sin excesos.
21 de junio 2011
Celso Schroder
Presidente FEPALC
Zuliana Lainez
Secretaria Derechos Humanos FEPALC
Continuar penalizando el delito contra el honor significa perseguir criminalmente a las personas y periodistas por razón de sus expresiones y opiniones, lo que resulta absurdo en una sociedad moderna, donde la libertad de expresión y opinión debe imperar en un Estado democrático y de Derecho.
Para la FEPALC la sentencia contra el periodista Garay Ramírez es desproporcionada, desmedida e inhibitoria, más cuando se trata de un proceso en el que se encuentra incurso un funcionario público, expuesto al escrutinio y la crítica ciudadana. Blindar a quienes ejercen función pública constituye un atentado al principio de igualdad de todos ante la ley e impone una cultura del silencio desfavorable al ejercicio periodístico y atentatorio contra el derecho ciudadano a saber. La propia Organización de Estados Americanos (OEA) precisa que las libertades de información y opinión son los principales mecanismos que tiene la sociedad para ejercer un control democrático sobre las personas que tienen a su cargo asuntos de interés público.
En razón a ello, la FEPALC acompaña en todas sus acciones a su afiliada, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, que ha iniciado una campaña gremial para lograr la libertad de Paul Garay Ramírez y hace un llamado público al titular del Poder Judicial peruano, Dr. César San Martín Castro, para que invoque una correcta administración de justicia donde no se criminalice la crítica y se respete el debido proceso sin excesos.
21 de junio 2011
Celso Schroder
Presidente FEPALC
Zuliana Lainez
Secretaria Derechos Humanos FEPALC
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