jueves, 19 de agosto de 2010

Gobierno devolvió frecuencia a Radio La Voz



Gobierno devolvió frecuencia a Radio La Voz

Tras 14 meses de espera, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), de acuerdo con la Resolución Ministerial No. 384-2010-MTC/03, restituyó la frecuencia a Radio La Voz de Bagua, al dejar sin efecto la anterior resolución que suspendía la licencia del medio de comunicación.

La decisión le fue comunicada al director de Radio la Voz, Carlos Flores Borja, por el primer ministro Javier Velásquez Quesquén, y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo Ramírez, en presencia de representantes de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, el Instituto Prensa y Sociedad y el Consejo de la Prensa Peruana.

"La radio puede volver al aire desde mañana (viernes), o en las próximas horas porque en el Perú hay libertad de expresión", aseguró Velásquez.

El primer ministro, inició el diálogo asegurando que acudía por mandato expreso de la Presidencia de la República y con la plena voluntad política de solucionar un tema que ponía en tela de juicio el respeto del gobierno a la libertad de expresión.

Cuarenta y ocho horas antes la ANP, IPYS y el CPP habían sostenido una reunión con la titular de la Defensoría del Pueblo, quien tras respaldar la causa anunció medidas inmediatas para invocar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la corrección de un exceso administrativo.

Carlos Flores y su familia, soportaton un acoso administrativo por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, traducido en el inicio de procedimientos sancionadores, ejecuciones coactivas y el embargo de una cuenta bancaria. A su turno, fueron sometidos a acusaciones penales de apología de delitos e instigación a la comisión de ilícitos contra el orden público. A la fecha el Ministerio Público había desechado tales cargos.

Como se recuerda, la clausura de radio La Voz se produjo como represalia por la transmisión informativa de los acontecimientos, ocurridos el 5 de junio en la llamada “Curva del Diablo”, que enlutaron a hogares peruanos de custodios del orden público y pobladores de la zona. Tras ello se intentó exusar técnica y administrativamente el cierre que mereció la repulsa de la propia Organización de Estados Americanos.

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