El hecho ocurrió el reciente martes 2 de abril, alrededor
del mediodía. El reportero, quien ingresó al local del gobierno regional
identificándose como periodista, estaba realizando una transmisión en vivo para
el Facebook del medio de comunicación para el que trabaja en instantes en que
los bomberos venían atendiendo la emergencia. En esas circunstancias un
empleado de dicha entidad del Estado le exigió de forma altanera que dejara de
grabar.
Santy Cusiatán alegó que se encontraba en una entidad pública,
por lo que se negó a dejar de transmitir. En el video de dicho reporte se
observa claramente como el empleado llama al personal de seguridad para que
amedrentara al periodista y le impida por la fuerza hacer su trabajo. Los
agentes de seguridad intentaron a manotazos arrebatarle su celular pero no lo
consiguieron. El reportero se vio forzado a abandonar el lugar.
En los exteriores del Gobierno Regional el reportero intentó
grabar desde esa posición, sin embargo, nuevamente se acercaron agentes de seguridad
para impedírselo.
Luego que Juan José Santy Cusiatán se retirara del lugar de
los hechos el personal del Gobierno Regional de Arequipa llamó al gerente de
HBA noticias para que retiren el video de sus redes sociales, pedido que les
fue negado por el medio de comunicación.
La ANP saluda la rápida respuesta de HBA noticias que
denunció este hecho ante las autoridades policiales para que se investigue lo
sucedido y se identifique a los responsables de esta agresión contra su
reportero.
Ante esta grosera obstrucción al trabajo periodístico nos
preguntamos, ¿Por qué no se quería que se registre y se difunda un siniestro en
una dependencia pública?
La ANP no solo demanda pleno respeto al trabajo de nuestros
colegas sino que les recuerda a los funcionarios públicos que lo que ocurra en
las dependencias del Estado constituyen hechos de interés público y que
cualquier tipo de obstrucción a la labor de un periodista representa un grave
atentado a la libertad de prensa.
La ANP exige en este caso se identifiquen responsabilidades
y que no se normalice ni quede impune este tipo de prácticas que son lesivas al
derecho a la información de la colectividad.
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