Tanto en Lima, capital de la República del Perú, como en
otras ciudades importantes, entre ellas Tumbes, Piura, Sechura, Chiclayo,
Trujillo, Chimbote, Huaraz, Casma, Huacho, Chincha, Ica, Arequipa, Juliaca,
Cusco, Abancay, Tarapoto, Moyobamba, Iquitos, los sindicatos y asociaciones
provinciales que forman parte de la Asociación Nacional de Periodistas del
Perú, condenaron la conducta de jueces sobre todo de Lima y el Callao, que
integraban una red mafiosa y que amparaba a delincuentes prontuariados, se
ponían a disposición de abogados inescrupulosos y servían de intermediarios
para lograr la designación de magistrados en puestos claves de la
administración de justicia.
La ANP, siglas que corresponde a la Asociación Nacional de
Periodistas del Perú, organización que precisamente el próximo 21 de julio
cumple 90 años de lucha por la libertad de prensa y por la defensa y protección
de los derechos sociales y económicos de los periodistas, encabezó
conjuntamente con los líderes de agrupaciones representativas de la sociedad
civil, esta manifestación de repulsa y de condena a quienes permiten que se
haya corrompido la administración de justicia en el país.
La protesta del gremio de la prensa que, inicialmente, hace
una semana se produjo, ante la pretensión de las autoridades judiciales de
silenciar a los periodistas de investigación de IDL Reporteros y del programa
televisivo Panorama, exigiéndoles que revelaran sus fuentes informativas, dio
lugar a que otros sectores de ciudadanos, reclamaran ante hechos de esta
naturaleza que vienen causando daño al estado de derecho y a la frágil
democracia del país.
La protesta estuvo dirigida contra el Congreso de la
República, en donde el grupo político denominado Fuerza Popular y que está
conformado por los remanentes de la vieja dictadura fujimorista, así como
contra el Consejo Nacional de la Magistratura y del Poder Judicial, por su
inacción ante la ola de corrupción, viene dando sus frutos.
A la fecha ha
renunciado el presidente de la Corte Suprema, el presidente de la Corte
Superior del Callao se encuentra con prisión preventiva, la mayoría de los
miembros del Consejo de la Magistratura han renunciado, uno de los vocales de
la Corte Superior de Justicia ha sido suspendido, mientras la prensa nacional
que no se encuentra hipotecada al poder político, viene dando a conocer nuevos
audios que comprometen a otras autoridades, a tal punto que el presidente de la
República, Martín Vizcarra, ha procedido, conforme al artículo 157º de la Constitución
Política del Estado, a convocar al Congreso de la República para que trate el
tema de la corrupción que incluye a jueces y fiscales.
La movilización ciudadana que no tiene antecedentes
parecidos en casos como el presente, continuará, debido a que se desconoce a la
fecha si el Congreso de la República escuchará el clamor ciudadano, más aún
cuando Héctor Becerril Rodríguez, uno de los voceros más calificados del
fujimorismo, se encuentra acusado de participar en reuniones secretas para
forzar el nombramiento de personas allegadas a su agrupación, en cargos
importantes para la administración de justicia, de tal forma que permitieran
que quedaran en la impunidad una serie de actos delictivos lesivos a los
intereses del Estado.
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