La
minería informal e ilegal está actualmente presente en 21 regiones del
país y ocupa a cerca de cien mil trabajadores directos, según lo
determinado en un informe presentado por la Defensoría del Pueblo.
“En el Perú se ha incrementado la
minería ilegal y la minería informal en los últimos años, al grado de
que hoy en día estaríamos aproximadamente hablando de cien mil mineros
en el país”, de los cuales más del 50% ha presentado su declaración de
compromiso para iniciar el proceso de formalización, explicó a Canal N
Ana Lucía Abanto, defensora adjunta en temas de Medio Ambiente.
El defensor del pueblo en funciones,
Eduardo Vega Luna, expuso además hoy los resultados de una supervisión a
27 instituciones del Estado, respecto al cumplimiento de los decretos
legislativos promulgados al amparo de la Ley Nº 28815.
Precisó que de un total de 135
obligaciones supervisadas, 64 se encuentran con avances, 22 en
coordinación, 22 sin avances y respecto a las 27 restantes no se recibió
información.
“La minería ilegal contraviene
frontalmente las leyes y el estado de derecho y su ilegalidad es causa
de enormes perjuicios para la vida, la integridad, la salud de las
personas, para el medio ambiente, el mercado, la economía y la propia
institucionalidad del Estado”, manifestó Vega Luna durante la
presentación.
AVANCES
Vega señaló que entre los principales
avances se tiene la creación del Registro Nacional de Declaraciones de
Compromiso y del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo para
evaluar y mitigar el impacto ambiental. Asimismo, destacó el
establecimiento de áreas geográficas, rutas fiscales y puestos de
control en Madre de Dios; así como las acciones de interdicción
realizadas en Loreto, Junín, Madre de Dios y Áncash, que suman 59
durante el año 2012.
No obstante, Abanto afirmó que se
encuentra pendiente la implementación de la ventanilla única para la
formalización minera, así como del Fondo para el Proceso de
Formalización de las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal.
“Según cifras que ha dado el propio
Ministerio de Energía y Minas, habría en posibilidad de formalizarse en
corto y mediano plazo unos 27 mil. Pero hay 50 mil que han presentado
sus declaraciones de compromiso”, precisó Abanto a la citada televisora.
RECOMENDACIONES
En el informe, la Defensoría da
recomendaciones al Poder Ejecutivo para asignar en el Presupuesto
General de la República recursos que permitan implementar medidas
destinadas a enfrentar la minería informal e ilegal en todo el país.
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