Los
ex funcionarios serán acusados por infracción constitucional y
asociación ilícita para delinquir, por supuestamente haber aprobado una
serie de normas y procedimientos, para justificar la millonaria
inversión en el programa, flexibilizar los controles para favorecer a
determinadas empresas, ocasionando un perjuicio económico al Estado.
Para este resultado se realizaron dos votaciones, pues
el congresista Pedro Spadaro, vocero de Fuerza Popular, planteó una
cuestión previa para que las acusaciones contra García y sus ministros
se voten por separado, los puntos uno y seis del informe final.
Esto,
porque consideraba que no había fundamentos para tal acusación, en la
medida que el expresidente aprista estaba habilitado para promulgar el
decreto de urgencia 014-2007.
Sin embargo, puesto a votación, el informe final fue
aprobado por 65 votos a favor, cinco en contra y siete abstenciones,
mientras que las acusaciones contra García y sus ministros tuvo el
respaldo de 40 votos a favor, 17 en contra y 20 abstenciones.
De
acuerdo a las conclusiones del informe, el punto 1 y 6, recomienda
denunciar constitucionalmente al ex presidente Alan García, al ex
premier Jorge del Castillo y al ex ministro de Vivienda Hernán Garrido
Lecca, por la presunta infracción constitucional al haber vulnerado el
inciso 19 del artículo 118°y el artículo 125° de la Constitución
Política del Perú, en la modalidad de asociación ilícita para delinquir.
El
presidente la megacomisión, Sergio Tejada, señaló que ahora las
acusaciones contra García y sus ministros pasa a la Subcomisión de
Acusaciones Constitucionales, mientras que los otros funcionarios serán
trasladados al Ministerio Público.
En la
sustentación, Tejada señaló en una de las conclusiones, que la emisión
de la Ley 28870 y el Decreto Supremo 020-2006 del sector vivienda que
declararon en emergencia el sector de saneamiento con una transferencia
de más de 4 mil millones de soles para el financiamiento de mil 165
obras, procesos en los cuales se han detectados presuntas
irregularidades y deficiencias.
Dijo que la
declaración de emergencia permitió la reducción de exigencias técnicas,
de controles y procedimientos en la ejecución de obras de saneamiento a
nivel nacional. Además, fue suspendido parcialmente la aplicación de la
Ley de Contrataciones del Estaco y fue desarticulando el Sistema
Nacional de Inversión Pública (SNIP) establecido para garantizar el
adecuado uso de los recursos públicos.
Entre
las recomendaciones, se exhorta al Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, para que verifique la existencia de convenios específicos
de financiamientos suscritos con las Unidades Ejecutoras con la
antelación a la trasferencia de recursos para las obras de saneamiento.
Asimismo,
propone la derogatoria del Decreto Supremo 024-2006-Vivienda, que
establece un procedimiento especial de selección para los proyectos de
saneamiento que ha permitido el establecimiento de un sistema paralelo
de contrataciones, reduciendo exigencias técnicas a los postores.
Además,
recomienda remitir el informe al Ministerio Público con el fin de que
se realicen las investigaciones pertinentes sobre la presunta comisión
de diversos ilícitos penales adicionales a los encontrados en la
investigación parlamentaria.
Otra de las
recomendaciones ha sido solicitar a la Contraloría General de la
República para que a través del Órgano de Control Interno del Ministerio
de Vivienda y Sedapal, efectúe las acciones y exámenes especiales para
determinar responsabilidades de funcionarios de dichas entidades que
habrían permitido a las empresas contratistas la interposición de
arbitrajes vinculadas a la ejecución de obras de saneamiento.
(FIN) EGZ/ ASH
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