El Poder Judicial sancionó con pena privativa de la libertad efectiva a actuales y exaltos funcionarios de Petroperú, por el delito de colusión ilegal por el tráfico clandestino de combustible de avión, que perjudicó al Estado en más de 4 millones de dólares.La sentencia condenatoria fue dictada por la Cuarta Sala Penal Liquidadora de Lima que impuso cuatro años de prisión efectiva a Carlos Emilio Alavedra Franco, exgerente de Comercialización de Petroperú; y tres años para Jaime Alberto Santillana Soto, exgerente del Departamento de Ventas de la misma empresa y actualmente desempeña el cargo de gerente Departamento Mercado Externo.
Asimismo, según nota de prensa de la Contraloría, también fue condenado con cinco años de prisión Marco Polo Negrón Castillo, representante de la empresa Business Oil Corporation SAC (BOILCORSAC) involucrada en la concertación ilegal en agravio del Estado.
Además se condenó a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida a Carlos Wilfredo Ruiz Salomé, exjefe de la Unidad de Ventas Metropolitanas de Petroperú, actualmente en el cargo de Supervisor Unidades Privatizadas de la Unidad Administración de Inmuebles.
“Así también a los representantes de Boilcorsac, Eduardo Roberto Mc Bride Quiroz y Carlos Rafael Negrón Castillo, considerados cómplices por el delito de colusión”, señala la nota de prensa.
La Contraloría explicó que durante las investigaciones, entre los años 2002 y 2004 los exfuncionarios se coludieron con representantes de la empresa Business Oil Corporation S.A. para suscribir contratos que permitieron a ésta última operar como distribuidor mayorista de combustible de avión Turbo Jet A-1, exonerado del pago del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), pese a que no contaba con los requisitos y haber presentado documentos falsos.
Indicó que con la firma del contrato se contravino la política de Petroperu respecto a que la venta de este combustible debía realizarse directamente sólo a empresas de aviación, por lo que este hecho configuró delito de colusión.
A esta irregularidad, añade la información, se sumó que la empresa Business Oil Corporation comercializó a terceros el combustible comprado a Petroperú como kerosene, es decir, para fines distintos por el cual se encontraba exonerado del pago del ISC, lo cual constituye delito de comercio clandestino agravado.
Los condenados han interpuesto recursos de nulidad y el caso será elevado en pocas semanas ante la Corte Suprema. Andina.
Asimismo, según nota de prensa de la Contraloría, también fue condenado con cinco años de prisión Marco Polo Negrón Castillo, representante de la empresa Business Oil Corporation SAC (BOILCORSAC) involucrada en la concertación ilegal en agravio del Estado.
Además se condenó a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida a Carlos Wilfredo Ruiz Salomé, exjefe de la Unidad de Ventas Metropolitanas de Petroperú, actualmente en el cargo de Supervisor Unidades Privatizadas de la Unidad Administración de Inmuebles.
“Así también a los representantes de Boilcorsac, Eduardo Roberto Mc Bride Quiroz y Carlos Rafael Negrón Castillo, considerados cómplices por el delito de colusión”, señala la nota de prensa.
La Contraloría explicó que durante las investigaciones, entre los años 2002 y 2004 los exfuncionarios se coludieron con representantes de la empresa Business Oil Corporation S.A. para suscribir contratos que permitieron a ésta última operar como distribuidor mayorista de combustible de avión Turbo Jet A-1, exonerado del pago del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), pese a que no contaba con los requisitos y haber presentado documentos falsos.
Indicó que con la firma del contrato se contravino la política de Petroperu respecto a que la venta de este combustible debía realizarse directamente sólo a empresas de aviación, por lo que este hecho configuró delito de colusión.
A esta irregularidad, añade la información, se sumó que la empresa Business Oil Corporation comercializó a terceros el combustible comprado a Petroperú como kerosene, es decir, para fines distintos por el cual se encontraba exonerado del pago del ISC, lo cual constituye delito de comercio clandestino agravado.
Los condenados han interpuesto recursos de nulidad y el caso será elevado en pocas semanas ante la Corte Suprema. Andina.
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