La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresa su preocupación por el acoso judicial del que viene siendo víctima el periodista Eduardo Geovanni Acate Coronel, director de Radio Oriente, en Alto Amazonas, para quien el Fiscal Superior de San Martín ha demandado una pena de 10 años de cárcel por informar sobre una protesta indígena en el año 2009.
La ANP llama a la ciudadanía en general a expresar su rechazo a este proceso en el que se persiste en acusar penalmente al periodista por el supuesto delito de rebelión contra el Estado, delitos contra la seguridad pública, la paz, disturbios, etc., y cuya vista oral ha sido programada para hoy 30 de noviembre.
La causa judicial que será resuelta en segundo instancia, por la Sala Penal Liquidadora de San Martín - Sede Tarapoto, se produce tras la apelación presentada por el Fiscal Provincial de Alto Amazonas quien mostró su disconformidad con el fallo dictado por el Juzgado Penal de dicha provincia que absolvió al periodista, junto a otros acusados de todos los cargos relacionados con la movilización social de diversos sectores de la población en defensa de los derechos de los nativos y de la integridad de sus territorios a mediados de mayo y junio de 2009.
La petición del Ministerio Público, cuyo titular de la fiscalía Superior Penal de San Martín - Tarapoto, Dr. Leo Mendoza, solicita la revocatoria de la absolución del periodista, significa una errónea interpretación de los hechos y la función periodística en situaciones de violencia social.
Para la ANP es erróneo el criterio del Fiscal que considera que la labor informativa del periodista Acate Coronel constituye delitos de rebelión, contra la tranquilidad, la paz pública, y disturbios, cuando en realidad su tarea a cargo del Canal 8 y Radio Oriente se encuadraba dentro de las labores que corresponden a los profesionales de la información.
La ANP llama a la ciudadanía en general a expresar su rechazo a este proceso en el que se persiste en acusar penalmente al periodista por el supuesto delito de rebelión contra el Estado, delitos contra la seguridad pública, la paz, disturbios, etc., y cuya vista oral ha sido programada para hoy 30 de noviembre.
La causa judicial que será resuelta en segundo instancia, por la Sala Penal Liquidadora de San Martín - Sede Tarapoto, se produce tras la apelación presentada por el Fiscal Provincial de Alto Amazonas quien mostró su disconformidad con el fallo dictado por el Juzgado Penal de dicha provincia que absolvió al periodista, junto a otros acusados de todos los cargos relacionados con la movilización social de diversos sectores de la población en defensa de los derechos de los nativos y de la integridad de sus territorios a mediados de mayo y junio de 2009.
La petición del Ministerio Público, cuyo titular de la fiscalía Superior Penal de San Martín - Tarapoto, Dr. Leo Mendoza, solicita la revocatoria de la absolución del periodista, significa una errónea interpretación de los hechos y la función periodística en situaciones de violencia social.
Para la ANP es erróneo el criterio del Fiscal que considera que la labor informativa del periodista Acate Coronel constituye delitos de rebelión, contra la tranquilidad, la paz pública, y disturbios, cuando en realidad su tarea a cargo del Canal 8 y Radio Oriente se encuadraba dentro de las labores que corresponden a los profesionales de la información.
Resulta absurda la pretensión de considerar que una protesta de las características que ha tenido aquella movilización social de todo un pueblo a favor de los nativos tenga como responsables a personas que ejercen funciones profesionales e informativas sin ningún tipo de vinculación o representatividad con los sectores involucrados.
Para la ANP la petición del Fiscal aludido de anular la sentencia absolutoria y reiniciar el proceso revela la intención de buscar responsables de los errores e indiferencia propios de la administración, que actuaron como detonantes de la protesta social y de la violencia ocurrida. Lo que genera más preocupación, ahora, es que se trata de desviar la responsabilidad en personas que no deciden tales reacciones o medidas de protesta sino que simplemente son testigos de los hechos.
Frente a la amenaza de revivir una verdadera persecución contra un periodista en el ejercicio de su profesión, la ANP demanda a las autoridades del Poder Judicial que se haga justicia y se confirme la sentencia apelada dando por terminada tan injusta e inquietante situación.
Es fundamental, para el gremio, que se garantice el libre ejercicio de la libertad de prensa incluso en situaciones de crisis social, protesta popular o situaciones de violencia interna, pues el periodista se encuentra en dichos lugares únicamente para cumplir con su deber de informar rechazando cualquier tipo de amenaza de censura que se pretenda imponer al respecto.
Para la ANP la petición del Fiscal aludido de anular la sentencia absolutoria y reiniciar el proceso revela la intención de buscar responsables de los errores e indiferencia propios de la administración, que actuaron como detonantes de la protesta social y de la violencia ocurrida. Lo que genera más preocupación, ahora, es que se trata de desviar la responsabilidad en personas que no deciden tales reacciones o medidas de protesta sino que simplemente son testigos de los hechos.
Frente a la amenaza de revivir una verdadera persecución contra un periodista en el ejercicio de su profesión, la ANP demanda a las autoridades del Poder Judicial que se haga justicia y se confirme la sentencia apelada dando por terminada tan injusta e inquietante situación.
Es fundamental, para el gremio, que se garantice el libre ejercicio de la libertad de prensa incluso en situaciones de crisis social, protesta popular o situaciones de violencia interna, pues el periodista se encuentra en dichos lugares únicamente para cumplir con su deber de informar rechazando cualquier tipo de amenaza de censura que se pretenda imponer al respecto.
30 de noviembre del 2011
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
El teniente PNP Víctor Raúl Vergara Flores fue sorprendido cuando recibía una coima de un taxista en el patio de la comisaría de San Juan de Miraflores y, para “desaparecer” la prueba se tragó los billetes, por un monto de 200 soles.
